La vacunación frente a la COVID-19 de la población constituye actualmente la mejor alternativa para superar a corto y medio plazo la pandemia de larga duración.
Los datos arrojados en el transcurso de la epidemia sobre mortalidad, gravedad de la enfermedad y secuelas hacen que la posibilidad de obtener la inmunización a través del contagio comunitario del virus (la llamada "inmunidad de grupo o protección comunitaria") no haya sido desde el principio una alternativa válida.
Las medidas de confinamiento y de limitación de otros derechos y libertades han sido hasta ahora el mecanismo de control más efectivo, pero su aplicación debe ser mantenida de manera estricta y en ocasiones prolongada en el tiempo, suponiendo efectos colaterales individuales y colectivos importantes en diferentes esferas (emocional, económica, etc.). Disponer de más herramientas preventivas que nos permitan recuperar el normal funcionamiento de nuestra sociedad en un tiempo previsible y razonable, genera una nueva perspectiva más optimista para el control de la epidemia.
Se han desarrollado ensayos clínicos (evaluados por diferentes agencias reguladoras internacionales), en los que han participado decenas de miles de personas, y los estudios disponibles de algunas de las vacunas son muy esperanzadores, habiendo mostrado una elevada protección frente a la enfermedad en las personas que recibieron la vacuna. Los efectos adversos más frecuentes asimilables a los de las vacunas habitualmente utilizadas y que forman parte de los calendarios de vacunación.
Por este motivo la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha recomendado que se otorgue una autorización condicional a Comirnaty, la vacuna frente a la COVID-19 desarrollada por BioNTech y Pfizer. Este medicamento, que previene la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 en personas a partir de los 16 años, se convertirá así en la primera vacuna con una autorización de comercialización en la Unión Europea. Existen otras vacunas en proceso de revisión, siendo previsible que se incorporen al mercado nuevas alternativas en un plazo corto de tiempo.
Disponiendo de una herramienta aprobada el Ministerio de Sanidad, en consonancia con los países europeos, ha decidido realizar una campaña de vacunación escalonada, priorizando a los grupos de personas más expuestas a la COVID-19, y atendiendo al riesgo que para su vida y salud podría suponer contraerla y desarrollarla.
Se va a proceder en primer lugar a la vacunación de las personas residentes en centros de personas mayores y de dependientes y sus trabajadores. Esta vacunación se considera la más prioritaria por el gran beneficio previsto en estos colectivos especialmente vulnerables.
En esta primera etapa no se espera que la vacunación tenga un gran impacto sobre la curva epidémica, pero sí en términos de reducción de la gravedad de la epidemia (letalidad, mortalidad e ingresos hospitalarios), lo cual proporcionará un alivio social y una importante reducción de estrés sobre el sistema sanitario.